El Gobierno Sanchista, los graves incumplimientos de la Constitución y el Parlamentarismo Negativo.
Don Luis Antonio Burón Barba, primer Fiscal
General del Estado designado para el cargo y nombrado por el gobierno
socialista en 1982, dejó dicho en la Memoria anual de la Fiscalía:
“No es razonable temer que un gobierno legítimo
salido de las urnas, respetuoso con la Constitución Española de 1978 y sometido
-como todos los poderes- a la legalidad, utilice unas facultades de cese y
nombramiento como armas para influir en el curso de los procesos en que
intervenga el Ministerio Fiscal, ni por otro lado, cabe pensar que cualquier Fiscal
General se pliegue a una pretensión de tal índole”.
Cuarenta años después, los dos
temores del Fiscal General Burón se han hecho realidad:
1º.- Que un Gobierno pretenda influir
en el Ministerio Fiscal.
2º.- Que el Fiscal General del Estado
se pliegue a las indicaciones recibidas del Gobierno.
Como
consecuencia de ello, el Fiscal General del Estado ha sido condenado por el Tribunal
Supremo por un delito de revelación de secretos. Ya se encuentra a disposición
de todo el mundo y para su análisis los 184 folios de la sólida sentencia con
sus fundamentos jurídicos, que justifican debidamente referida condena.
En 47 años de
democracia, este Gobierno, el Gobierno
de Pedro Sánchez y sus socios, es el que más ha atacado a la Constitución
Española, afectando a la separación de poderes, a la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley y a la neutralidad de los poderes e instituciones públicas.
El Gobierno de Sánchez ha violado de manera frontal y directa, entre
otros muchos, el artículo 134.3 de la C.E., que establece el mandato imperativo de presentar los presupuestos
generales del estado tres meses antes de la expiración de los anteriores. Conviene
insistir en que indicado artículo estipula, de manera expresa, que “deberá
presentar”, lo que lo convierte en un mandato imperativo.
Como
acertadamente indica el Catedrático de Derecho Constitucional Don Javier Tajadura
Tejada, esto supone un falseamiento generalizado de la forma de gobierno
prevista en la Constitución, derivando en lo que la doctrina y, en concreto, Don
José Tudela Aranda denomina “parlamentarismo negativo”.
El Poder Ejecutivo, se legitima en España por la existencia de un
programa de gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara
Legislativa, pero esto ya no es así en España desde hace unos años.
No existe
programa de gobierno que cuente con la mayoría de la Cámara: se ceden -como pago por el chantaje-
competencias del Estado y se entrega dinero de todos los españoles a sus socios
para lograr que voten a favor en un punto concreto de un determinado Pleno y
-permitiendo así- que continúe el gobierno con respiración asistida.
La única razón de ser del Ejecutivo de Pedro Sánchez es impedir la
alternancia política y esto no es -en absoluto- democrático.
Se incumple igualmente el artículo 66 de la C.E. que indica que
las Cortes Generales:
1.
Ejercen la potestad legislativa.
2.
Aprueban sus Presupuestos.
3.
Controlan la acción del Gobierno.
Ninguna de estas tres funciones cumplen las Cortes Generales en España:
-Se secuestra
al Parlamento.
-Se le vacía
de contenido.
-Se debilita
el sistema de controles y contrapesos.
-Se bloquean
inconstitucionalmente las iniciativas del Senado.
-Se reduce el
debate público.
-Se utilizan
fraudulentamente las atribuciones de la Mesa del Congreso.
-Se gobierna
desde el Consejo de Ministros, sin pasar por el Parlamento e incumpliendo el artículo 86 de la C.E. que solo permite
hacerlo en “caso de extraordinaria y
urgente necesidad”
¿Sabían los ciudadanos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha batido el récord de Reales Decretos aprobados (más de 160 R.D.) y que es el primero -en toda la democracia- que ha aprobado más Decretos
que Leyes?
-Se ha potenciado el guerracivilismo y la
polarización.
-Se enfrenta a
hombres contra mujeres.
-A propietarios
contra inquilinos.
-A empresarios
contra trabajadores.
-A unas
Comunidades Autónomas frente a otras.
-A pensionistas
contra trabajadores activos.
-Y ahora, se enfrenta a los ciudadanos contra
los jueces.
Tras la
condena al Fiscal General del Estado, y sin haber conocido aún la sentencia, el
Presidente del Gobierno, sus Ministros, sus socios de Gobierno y sus socios
parlamentarios han atacado abiertamente al Tribunal Supremo siguiendo el
argumentario recibido desde La Moncloa.
El Presidente del Gobierno, anticipó la
inocencia del Fiscal General del Estado para presionar al Poder Judicial, y
tras la condena, sigue defendiéndolo, hablando de “condena sin pruebas” y que “se
acabará imponiendo la verdad”.
La Ministra de Sanidad, Mónica García, utilizó Televisión Española -la televisión que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos- para afirmar que “se condenaba sin ninguna prueba” y que el procedimiento era “irregular”.
El Ministro Óscar López, declaró
que “el Fiscal General del Estado es
inocente a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo”.
El Ministro Óscar Puente, ha llegado a afirmar que “el Tribunal Supremo es la oposición real al gobierno”.
En cuanto al Ministro de Presidencia, Justicia y
relaciones con las Cortes, me pregunto con que “rostro” se presenta hoy:
1.-¿Viene como
el abogado defensor del Fiscal General?
2.-¿Viene como el abogado defensor de la Familia Sánchez-Gómez?
3.-¿O viene como el Notario Mayor del Reino, que es lo que debiera ser como Ministro de Justicia de todos los españoles?
A mayor
abundamiento, se suma la pretensión del
Ministro de Justicia de modificar -unilateralmente y sin consenso- la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
permitir que organismos internacionales revisen procedimientos judiciales
españoles firmes. Estoy hablando, en concreto, del artículo 762.2 del Proyecto de LECrim aprobado por el Consejo de Ministros.
¿Otro intento de modificar “de facto” la Constitución Española por la
puerta de atrás y sin acudir al procedimiento establecido en la propia
Constitución?
¿Otra mutación constitucional encubierta?
¿Está intentando el Gobierno de Pedro Sánchez externalizar la Justicia en
un relator de la ONU?
Los ciudadanos
españoles deben saber que los Magistrados que han condenado al Fiscal General
del Estado son los mismos que dictaron la sentencia del Caso Gürtel o la
condena a Iñaki Urdangarín.
¿Eran imparciales entonces y ahora son prevaricadores?
Nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la Ley. Nadie. Se llama Estado de Derecho. Esta es la
principal lección que sacamos con esta brillante sentencia del Tribunal
Supremo.
En un Estado Democrático de Derecho (artículo 1 de la Constitución
Española), el respeto a los jueces y tribunales es un pilar esencial que
obliga a quienes ostentan responsabilidades de gobierno.
Debe ponerse fin a este ataque sin precedentes al Poder Judicial y
defender, sin equidistancias ni cobardías, a los más de
5.500 jueces y a los más de 2.300 fiscales que trabajan extraordinariamente, con
un gran esfuerzo y absoluta profesionalidad, pese a la acuciante falta de medios
personales y materiales.
Por lo que respecta a Radio Televisión Española, la degradación es
absoluta. Lo que debería ser la televisión de todos, se ha convertido en “Tele Pedro”, una máquina de propaganda que nos cuesta más de
1.200 millones de euros al año.
Nunca podremos
olvidar que el día en el que España
lloraba a las víctimas de la DANA, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios
decidieron no suspender el Pleno del Congreso para asaltar el Consejo de Administración
de RTVE. Una decisión que pesará siempre sobre sus conciencias.
Durante este
último año han contratado a dedo a productoras y a presentadores afines que
manipulan abiertamente de la mañana a la noche, y trasladan a los ciudadanos el
argumentario diario enviado desde La Moncloa.
El propio Consejo
de Informativos de TVE ha denunciado la falta de cumplimiento de los estándares
mínimos de calidad y rigor que exige todo Servicio Público esencial, el
incumplimiento del Manual de Estilo así como del Estatuto de Información y de
la Ley General de Comunicación Audiovisual, por lo que se ha visto obligado a
denunciar el “sesgo político de la corporación” ante el Parlamento Europeo.
Una España mejor es posible. Y no cejaré en mi empeño por intentar conseguirlo.
JAVIER NORIEGA GÓMEZ
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